Cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad

 

Lo admita o no el gobierno del Presidente Trump, México es un aliado indispensable para la seguridad de Estados Unidos, pero también es verdad que nuestro país puede hacerse a un lado para dejar que Estados Unidos se haga cargo de sus propios problemas.
¿Qué pasaría si México decidiera abrir sus fronteras a todos, absolutamente todos los países del orbe que quisieran usar el territorio nacional como vía de acceso -legal o no- hacia los Estados Unidos? ¿Qué ocurriría si se suspendieran todas las acciones de vigilancia e interdicción de cargamentos de droga que tengan el propósito de llegar a la frontera? ¿Qué pasaría si las zonas fronterizas del norte mexicano se convirtieran en ciudades santuario para grupos extremistas? ¿qué pasaría si México desmantelara toda la red de intercambio de información e inteligencia con las agencias anti drogas de los Estados Unidos? ¿Qué sucedería si México congelara unilateralmente los tratados de extradición que tiene vigentes?
Ninguna de estas situaciones hipotéticas tuvo sentido mientras las relaciones entre ambos países estuvieron basadas en una posición de respeto y de responsabilidad compartida frente a desafíos comunes. No fue fácil y no fue terso el proceso por el que México y Estados Unidos pasaron de los procesos de certificación y de la desconfianza mutua hacia la búsqueda de soluciones compartidas para hacer frente al problema de la seguridad en ambos lados de la frontera, y en ese proceso fue completamente decisiva la postura del gobierno mexicano.
Frente a la Ley Helms-Burton, que ponía en riesgo las inversiones mexicanas en Cuba, el Presidente Zedillo tejió hábilmente una serie de alianzas con Canadá y la Unión Europea. Ante la Propuesta 187 en California, con la cual se pretendía limitar el acceso de servicios básicos a la población indocumentada, el Presidente Zedillo además de protestar abiertamente, fortaleció la red consular de México en Estados Unidos, pues durante su administración México llegó a una cifra de 41 oficinas consulares (actualmente hay 50), y desde entonces ningún otro país tiene una red consular tan grande en Estados Unidos.
Las habilidades para la negociación pragmática del Presidente Fox con su homólogo George Bush en su encuentro en Guanajuato en 2001 antecedieron el abandono del esquema de “certificación” que imponía el Departamento de Estado, el cual cesó en el año 2002 con el compromiso de México de mantener los esfuerzos de control del narcotráfico.
La iniciativa Mérida, acordada por el gobierno del Presidente Calderón en 2007 -y que se encuentra vigente todavía- comprometió a Estados Unidos para transferir cuantiosos recursos, tecnología, equipo y capacitación a nuestro país. No fue una medida reactiva a los intereses de Estados Unidos, sino complementaria de una política interna dirigida al fortalecimiento de las instituciones, la persecución efectiva de los criminales y la restauración del tejido social.
Ante un cambio drástico en la posición del gobierno de Estados Unidos parece conveniente recuperar la fórmula de los gobiernos mexicanos precedentes, mismos que paradójicamente coinciden con una de las ideas clave del Presidente Trump en su discurso de inauguración el pasado 20 de enero: “Ya no aceptaremos a políticos que solo prometan y no cumplan, de los que se quejan constantemente pero nunca hacen nada al respecto. El momento para los discursos vacíos ha terminado. Ha llegado la hora de actuar”. La sociedad mexicana no espera ni merece menos, la reunión que sostendrán los Presidentes de México y de Estados Unidos el próximo 31 de enero luce como la oportunidad idónea para ir más allá de los pronunciamientos e incursionar en el terreno de la acción estratégica, digna y eficaz.

 

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