¿Periscopear o no periscopear?

Tirar basura en la vía pública, abandonar las heces de las mascotas en la banqueta, apartar lugares de estacionamiento o estacionarse en lugares prohibidos, vender o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública forman parte de un innumerable catálogo de conductas contrarias a la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal que, sin embargo, ocurren cotidianamente y es inusual que se sancionen. También ocurren constantemente actos de corrupción y abusos de autoridad por parte de servidores públicos, mismos que quedan en el anecdotario de una sociedad acostumbrada a desconfiar de las autoridades y a negociar la aplicación de la ley siempre que sea posible.
En las últimas semanas, la titular de la Delegación Miguel Hidalgo, que es una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la Ciudad de México, ha hecho un esfuerzo innovador para velar por el cumplimiento de las normas que están bajo su competencia, mediante el principio de máxima publicidad. Con el uso de las nuevas tecnologías de la información ha hecho numerosas transmisiones en tiempo real para documentar su interacción cotidiana con los ciudadanos, y la difusión de las mismas en las redes sociales.
Mediante el uso de una aplicación llamada Periscope la delegada ha logrado documentar violaciones flagrantes a las disposiciones de la Ley de Justicia Cívica, del Reglamento de Tránsito y de las normas de Protección Civil, entre otras, pero también esta herramienta ha servido para exhibir en tiempo real de qué manera atiende las demandas concretas de las colonias bajo la autoridad delegacional.

El uso de esta tecnología ha mostrado su eficacia para eliminar, por ejemplo, tiraderos clandestinos de basura y para captar también en tiempo real cuando un policía intentaba extorsionar a un automovilista. Los ciudadanos pudieron observar en vivo el desmantelamiento de un puesto de globos que servía de fachada para vender inhalables a jóvenes y niños en situación de calle y también pudo observarse, por ejemplo, el momento en el que se retiraron numerosas tomas clandestinas de electricidad usadas por vendedores en la vía pública. También se han documentado e inhibido conductas indebidas cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno y por personas que se ostentan como influyentes.
El Periscope ha resultado en un eficaz instrumento para neutralizar de manera inmediata conductas antisociales en cada caso particular, pero también ha generado incentivos adicionales para observar la ley, tanto en la persona concreta que aparece en la transmisión, como en todo el público.
Ante esta innovación tecnológica ha habido reacciones adversas por parte de algunos ciudadanos que se han sentido afectados en sus derechos fundamentales. Se ha argumenta el derecho a la protección de la imagen y de los datos personales, pero al mismo tiempo se ha minimizado el hecho de que el registro de imágenes captadas se refiere a situaciones de violación flagrante a las normas y que estas conductas ocurren en el espacio público.
La colisión entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de los demás ciudadanos a vivir en una ciudad ordenada ha exhibido un rezago en las normas vigentes. Actualmente sólo es claro que las autoridades están obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley y eso es lo que pretenden las autoridades de la delegación, pero es evidente también que nadie puede invocar un pretendido derecho de violar las normas sin ser descubierto.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha incorporado a la reflexión colectiva sobre este tema y ha afirmado su preocupación en torno a la posibilidad de que esta clase de transmisiones pudiera lesionar los derechos humanos de las personas cuando son captadas violando en flagrancia las normas de la ciudad.
La preocupación de la CDHDF ha sido enfática y quizá más veloz que la mostrada frente a violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la capital del país, tales como las referentes a las condiciones de internamiento en los reclusorios o la problemática estructural que enfrentan las víctimas del delito en la Ciudad de México. Y no se han escuchado las preocupaciones de la Comisión en torno a los derechos de los policías capitalinos ultrajados por ciudadanos cuando violan la ley y que, sin embargo, no han sido suficientemente respaldados por la autoridad a la que sirven.

Es verdad que hay vacíos en la ley para definir con meridiana claridad si el principio demáxima publicidad del actuar gubernamental debe ser acotado para proteger la reputación de quienes atentan flagrantemente contra las leyes y reglamentos de la ciudad. Lo que sí está claro es que no puede argumentarse que hay un abuso de autoridad cuando es la propia autoridad la que exhibe en tiempo real su manera de conducirse ante los gobernados para exigirles el cumplimiento de sus deberes cívicos.
El uso del Periscope para transparentar la gestión pública ha llevado la rendición de cuentas y la participación ciudadana a niveles inéditos. Los actos de autoridad de la delegación se muestran sin retoques, ni ediciones y los ciudadanos pueden participar, cuestionar, aportar ideas y señalar inconsistencias de manera inmediata a través de las redes sociales.
No hay duda que el uso de esta innovación tecnológica está cuestionando las formas tradicionales de ejercer la administración pública y en el debate social habrá que reflexionar seriamente sobre el equilibrio entre derechos y obligaciones. Pero además de ello, la deliberación pública acerca del uso del Periscope tendrá que admitir que el uso de esta aplicación está resultando eficaz para combatir la opacidad y la impunidad, que son dos de los principales enemigos de la Ciudad de México y además lo está haciendo en tiempo real.

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