López Obrador y el Sector Financiero

 

Jairo Jiménez Santiago

 

Durante décadas, la confrontación de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el sector financiero ha sido una constante. Desde los años noventa fue crítico del Fobaproa y del sector financiero, al que en su programa de gobierno acusa de beneficiario y responsable del lavado de dinero existente en el país.

En ese contexto se entienden las propuestas plasmadas en su Proyecto de Nación 2018-2024, que se enfocan en la regulación del sector y en una mayor participación del gobierno a través de la banca de desarrollo, dejando de lado, o al menos no haciendo explícita la voluntad de trabajar de forma conjunta para incrementar el ritmo de crecimiento del país desde el sector financiero privado.

 

Hacia un gobierno centralista.

 

La primera aproximación para el sector financiero mostrada en su Proyecto de Nación, está dentro de lo que denomina “Programa Anti–Corrupción en los Sectores Fiscal y Financiero”, en la que diagnostica que “Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país”1.

Ante ese diagnóstico, ofrece propuestas de solución como la colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales, el endurecimiento de controles del sistema bancario sobre lavado de dinero, la promulgación de una ley de conflictos de interés en materia financiera o la eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prácticas financieras ilícitas. Con estas medidas estima “recuperar”, entre 20 mil y 30 mil millones de dólares anuales por el combate al lavado de dinero y 700 mil millones de pesos más por el combate a la evasión fiscal.

Al considerar estos montos como recurrentes, pareciera que los ubicara como ingresos del sector público, que eventualmente servirían para financiar la expansión del gasto corriente en programas sociales. Pero, la recurrencia de estos montos se antoja poco probable.

Será indispensable observar qué incluiría y cómo se aplicaría la ley de conflictos de interés y la eliminación del secreto bancario, fiduciario y fiscal; porque, desde luego, existe el riesgo de que este tipo de instrumentos puedan ser usados como herramienta de control hacia los opositores políticos.

Otra medida de control que propone AMLO en su Proyecto de Nación es la creación de un Comité Consultivo de Inversión en cada entidad federativa, el cual se encargará de la vigilancia de los contratos celebrados por las entidades públicas para la optimización de sus activos. 

Adicionalmente, propone que las entidades del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales mantengan un portal de internet donde se disponga de todos los contratos o instrumentos firmados por el gobierno del estado o los municipios. En dicho portal expondrían las razones por las cuales decidieron contratar al intermediario financiero que eligieron, a qué otros intermediarios contemplaron y por qué no los escogieron. La entrega de recursos presupuestales a estados y municipios estaría condicionada al cumplimiento de estos lineamientos. Si bien esas medidas harían suponer una mayor transparencia, está por verse si el gobierno federal adoptará políticas similares. Por lo pronto, aparecen más como mecanismos de control del gobierno federal hacia los otros órdenes de gobierno.

Así por ejemplo, en caso de que los estados quieran contratar deuda con garantía de partidas presupuestales federales, estarán obligados a someterse a una revisión de la totalidad de contratos respecto a sus activos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto cambiará la dinámica de contrato de deuda y manejo de activos, con el claro riesgo de centralizar las decisiones en la SHCP y vulnerar los balances de la propia federación.

Sumando a esto, el anuncio de que el próximo gobierno sustituirá a los delegados de las dependencias federales por un solo Coordinador de Programas de Desarrollo, queda claro el sesgo centralista del nuevo gobierno. El perfil político de los coordinadores y el poder económico que tendrían vulnera la figura de gobernadores y presidentes municipales, trastocando, en los hechos, el pacto federal.

 

Retos del sector financiero en México.

 

Si bien en México existe una banca sólida y en crecimiento, no cabe duda de que el sector tiene importantes retos. Destacan entre ellos la necesidad de incrementar la inclusión financiera, sobre todo incorporando a las personas de bajos ingresos, así como ampliar el crédito hacia las empresas. En el país hay 24 millones de adultos que no hacen uso de los servicios financieros y representan el 32% del total de la población adulta.

El Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017 (RNIF), reconoce que uno de los desafíos para incrementar la inclusión está en la insuficiente infraestructura financiera. Ésta se concentra en zonas urbanas y la cobertura es muy baja en zonas rurales y en el sur del país. A esto se suma la falta de uso de los productos y servicios del sistema financiero ya contratados, la falta de conocimiento del sistema y la falta de información para medir el impacto de las acciones de inclusión financiera2.

Por otra parte, el INEGI identifica que 90% de las microempresas del país no tiene acceso a financiamiento y esto es una de las principales limitaciones para incrementar su productividad. 

 

Otras propuestas para el sector financiero.

 

Si bien es cierto que en el Proyecto de Nación 2018-2024 no hay un reconocimiento explícito de los retos del sector financiero; durante su participación en la Convención Nacional Bancaria 2018, López Obrador señaló que el 60% de la población no tiene acceso a servicios financieros. Más allá de la inexactitud de la cifra, lo que sí revela es que el Presidente electo identifica la existencia del problema.

En el Proyecto de Nación, no se marca explícitamente una estrategia para reducir la brecha de acceso a los servicios financieros. Sin embargo, dentro de lo que denomina un Nuevo Sistema Financiero Rural, propone acciones que operarían en esa dirección, como el apoyo para formar un sistema nacional de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SCAPs).

Esta propuesta va en el sentido correcto, ya que en el RNIF se reconoce al sector de las SCAPs como el de mayor dinamismo. Además, estas sociedades cooperativas se instalan, generalmente, en municipios pequeños con acceso restringido al sistema financiero. El reto estará en supervisar su operación, ya que en la década pasada hubo muchos casos de malos manejos de recursos. Por lo demás hay que decir que el crédito que otorgan es a tasas altas, que incluso llegan a superar a las de la banca comercial.

En el Proyecto de Nación se propone también incrementar la competencia en el sector bancario, al identificar como problemática la concentración de 70% de los activos bancarios en solo cinco de los 47 bancos del país3. Para lograrlo se considera modificar las normas regulatorias y de supervisión aplicables a las instituciones financieras, tomando en consideración criterios como el tamaño de las entidades y el sector al que atienden.

En cuanto a la banca de desarrollo, se identifica como problemática un financiamiento disperso en muchas instituciones y con duplicidades. Entre las medidas que se proponen para mejorar la situación actual está la “creación de esquemas y metodologías de identificación de proyectos, principalmente los relacionados con nuevos sectores, financiando y coadyuvando a la creación o adaptación de tecnología de punta”4.

Se plantea la banca de desarrollo como herramienta para ayudar a los emprendedores, sin embargo, no se establecen acciones claras más allá de “encontrar nuevos esquemas de financiamiento y metodologías de evaluación de proyectos”5.

Respecto al financiamiento a la vivienda no se ofrecen innovaciones al sector, más allá de la “creación de fondos individuales de garantía, especialmente para el sector informal”6. Ante la carencia de explicación del alcance, se presupone que solo es un mecanismo de subsidios a la vivienda, por lo que tampoco aportaría alguna innovación al sector.

 

Conclusiones.

 

En general, se puede observar que la propuesta del futuro gobierno se enfoca en la vigilancia del sector para combatir el lavado de dinero, sin poner énfasis en aumentar la inclusión financiera, es decir que los servicios lleguen a un número mayor de personas. Tampoco se enfatiza el incremento del crédito a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la banca comercial.

Se deja a la banca de desarrollo la tarea de brindar crédito a las empresas, pero no se establece con claridad cómo se realizaría esta tarea. 

El análisis de los documentos y planteamientos presentados hasta ahora dejan preguntas sin responder, por ejemplo, ¿Qué pasará con el pago del Fobaproa que tanto se ha criticado? o ¿cómo se impulsará al sector Fintech?, entre otras.

Pero, sin lugar a dudas, lo más destacado de la propuesta, en cuanto a cambios se refiere, es la preocupante centralización y control desde la Secretaría de Hacienda de las tareas de financiamiento del gobierno federal, estatal e incluso municipal. 

 

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(1) Proyecto de Nación 2018-2024. P.40. Recuperado de: http://proyecto18.mx/ 

(2) CNBV (2017). Reporte Nacional de Inclusión Financiera 8. P. 18. Disponible en: https://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf

(3) Proyecto de Nación 2018-2024. p.132. Recuperado de: http://proyecto18.mx/

(4) Ídem. P. 309

(5) Pejenomics Vol. II p. 5. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1MAgcGSems1KGiYR90SF_AIdaCVzJhkX-/view y Proyecto de Nación 2018-2024. p.310.

(6) Proyecto de Nación 2018-2024. p.317. Recuperado de: http://proyecto18.mx/

 

 

 

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