Reordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Análisis y Prospectiva

 

Arturo Peláez

 

La propuesta de reordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación involucra una serie de cambios en la estructura administrativa del Poder Judicial de la Federación que, de llevarse a cabo, podría tener efectos contraproducentes sobre la impartición de justicia en el país. La propuesta expresada en el denominado Proyecto de Nación 2018-2014 del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se refiere a la realización de una mesa de análisis dirigida al reordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que consistiría en discutir las siguientes acciones:

 

  1. Suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear, en su lugar, una Sala adicional al interior de la Suprema Corte de la Nación. Dicha Sala estaría totalmente dedicada a realizar las funciones que actualmente desarrolla el Consejo y se espera con ello lograr ahorros administrativos y evitar injerencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial.
  2. Revisar los exámenes de oposición para la obtención de las plazas de jueces y magistrados federales, para evitar que haya candidatos que obtengan el puesto mediante impugnaciones al concurso de selección a pesar de no contar con la experiencia necesaria para ocupar el cargo.
  3. Rediseñar el sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia sea mediante voto popular o bien, sustituir el actual sistema de ternas enviadas por el Ejecutivo al Senado y que, en lugar de ello, que el presidente proponga para el cargo a una sola persona para que la Cámara Alta rechace o ratifique la propuesta.

 

A diferencia de otras propuestas del entonces candidato de la Colación “Juntos Haremos Historia” que expresan la realización de acciones y programas concretos, ésta consiste simplemente en realizar una mesa de análisis para discutir la posibilidad de hacer una serie de cambios en el funcionamiento y responsabilidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de una propuesta cautelosa en su formulación, porque atañe directamente a un Poder autónomo; pero llamativa, porque involucra un tema altamente sensible para la sociedad, como el acceso a la justicia.

 

Lo primero que se espera discutir en la mesa de análisis propuesta es la supresión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con la cual se estima obtener ahorros administrativos desde una lógica de austeridad republicana. Sin embargo, no se brindan detalles adicionales acerca de tales ahorros, su naturaleza, ni su impacto positivo para los justiciables.

 

Habría que contextualizar el hecho de que el actual diseño del Poder Judicial de la Federación procede de las reformas constitucionales emprendidas en 1994 por el presidente Zedillo, y que ayudaron a distinguir con claridad la función de administración de la justicia y la impartición propiamente dicha de la justicia. Por esa razón fue creado en aquel año el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia y disciplina al interior de todos los juzgados y tribunales federales del país, relevando de esas tareas a la Suprema Corte para que ésta se dedicara a la labor central de resolver en última instancia la constitucionalidad de leyes y actos de las autoridades.

 

La sola propuesta de reincorporar las funciones administrativas a la SCJN en nombre de la austeridad republicana puede ser leído como un retroceso institucional, pues volvería a concentrar y congestionar el trabajo sustantivo de la Suprema Corte.

 

Actualmente el Consejo de la Judicatura es responsable de vigilar la actuación de 1 mil 469 jueces y magistrados federales en todo el país, de organizar la administración anual de casi 62 mil millones de pesos para el funcionamiento de 829 juzgados y tribunales federales y de hacerse cargo de las cuestiones laborales de 43 mil 287 servidores públicos. El CJF se encarga de definir la creación y construcción de nuevas sedes, designar la adscripción de los juzgadores y demás cuestiones administrativas. Además, el CJF ha logrado crear una estructura de instituciones y órganos auxiliares como el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, la Contraloría del Poder Judicial y la Visitaduría Judicial, todos los cuales cumplen razonablemente bien sus funciones sin entorpecer las labores sustantivas que realiza actualmente la Suprema Corte.

 

Distribución del presupuesto aprobado para el
Poder Judicial de la Federación
para el ejercicio fiscal 2018Fuente: Con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

 

En cambio, la Suprema Corte tiene a su cargo a 3 mil 500 empleados y es responsable de ejercer el 8% de todo el presupuesto destinado al Poder Judicial de la Federación. Por ello, es una entidad operativamente más pequeña que el CJF y no se encuentran elementos para pensar que la absorción propuesta haga más eficiente las labores de administrar e impartir justicia, quizá todo lo contario porque finalmente las decisiones más relevantes que tome la nueva Sala que se pretende crear habría de distraer a los ministros del análisis de cuestiones jurisdiccionales de la mayor importancia para el país.

 

Por lo que respecta a la idea de que con la desaparición del CJF se evitaría la injerencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, cabe suponer que esa preocupación se debe al hecho de que por disposición constitucional el Consejo se integra por 7 miembros, uno de los cuales es simultáneamente el presidente del Pleno de la SCJN, 2 son nominados por el Senado, 2 por el Ejecutivo Federal y otros 2, por la Suprema Corte. Este modelo de integración del Consejo ciertamente hace que las decisiones administrativas más importantes que afectan el funcionamiento de los juzgados y tribunales dependen en algunos casos de personas que no han sido impartidores de justicia. Si esa es la motivación central de la propuesta, resultaría más fácil modificar esas reglas de selección para que solamente sean propuestos por el Poder Judicial y no añadir una sobre carga de responsabilidades administrativas a la SCJN mediante la desaparición del Consejo. Pero, por otra parte, si todos los miembros del Consejo provienen del Poder Judicial se incentivaría una cierta endogamia de criterios y se perdería el espíritu del actual modelo de nominaciones, que aspira legítimamente a que entren al Consejo de la Judicatura no sólo impartidores de justicia, sino también profesionales que tengan una visión externa y quizá más plural para definir políticas públicas judiciales.

 

El segundo punto que se propone analizar el próximo gobierno consiste en revisar los exámenes de oposición que realizan los candidatos a ocupar los puestos de jueces y magistrados. La razón que se aduce para tal revisión es que hay casos en que la plaza se obtiene tras litigar o impugnar los resultados de los concursos, pero esta es una situación verdaderamente excepcional y no se refiere al diseño general de los certámenes de oposición, que incluyen exámenes escritos, orales y la revisión exhaustiva de la trayectoria profesional de los candidatos. E incluso, cuando se han llegado a detectar anomalías graves en la aplicación de los exámenes, el Consejo ha determinado abierta y públicamente, la cancelación de todo el concurso de selección, tal como ocurrió en febrero pasado, tras descubrirse que las respuestas del examen escrito se habían filtrado y vendido entre algunos de los candidatos que aspiraban a ser jueces de Distrito.

 

Ahora bien, siempre podrán ser bienvenidas las propuestas de mejora en los procesos de selección de jueces y magistrado, sobre todo en la inclusión de evaluaciones centradas a medir las capacidades de gestión administrativa y liderazgo que se requieren para dirigir un órgano jurisdiccional y que hasta el momento no se toman en cuenta para definir la idoneidad de los candidatos. Y más importante, tendría que discutirse también la inclusión de exámenes de control de confianza, semejantes a los que por ley deben aplicarse a todo el personal municipal, estatal y federal que realiza tareas de procuración de justicia y seguridad pública.

 

El tercer y último punto de la propuesta de análisis consiste en modificar las reglas para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. Se argumenta que el envío de ternas por parte del Ejecutivo funciona en la práctica como un reparto de posiciones al arbitrio de los partidos políticos que integran la Comisión senatorial de Justicia, encargada de evaluar y en su caso ratificar a los candidatos.

 

La propuesta de Morena en este sentido considera que sean seleccionados por voto popular, lo cual es una opción poco viable, porque es un método ajeno a la experiencia nacional, y porque vulneraría la independencia de criterio del impartidor de justicia al hacerlo dependiente del beneplácito de un hipotético público electoral.

 

La segunda posibilidad que se plantea analizar la próxima administración es que el Ejecutivo envíe la propuesta de una sola persona y la Comisión de Justicia en el Senado la ratifique tras una comparecencia, y en caso de no ser ratificada que el proceso se repita. Si bien la propuesta no especifica cuántas veces se podría repetir este proceso, el núcleo del planteamiento de Morena es evitar que en las ternas se envíe a dos perfiles “perdedores” que solo sirven para cumplir la formalidad de que sea una terna, pero que en realidad se expone a candidatos honorables a ser rechazados no por sus méritos, sino por un arreglo previo entre los partidos políticos.

 

Esta última propuesta merece ser discutida con seriedad, porque es innegable que la ratificación de los candidatos que forman las ternas es susceptible de arreglos entre los senadores encargados de tomar la decisión, pero ello ocurrirá igualmente independientemente del número de candidatos o si es uno solo. Lo que sí puede cambiar con una composición mayoritaria en el Senado por parte de Morena es que el aval legislativo del candidato enviado por el Ejecutivo produzca una designación de facto por parte del presidente y no como resultado de una deliberación en la Cámara Alta.

 

Y por lo que respecta a la presunta exposición inútil de candidatos “perdedores”, siempre corresponde a los propios nominados expresar su voluntad para participar o no en el proceso de selección y determinar si aceptan la posibilidad de ser escrutados por la Comisión de Justicia en el Senado para mostrar públicamente sus méritos. Y en sentido estricto, no puede aducirse que haya arreglos políticos previos para favorecer a uno de los candidatos en la terna mientras haya pluralidad y diversidad de intereses en la Comisión encargada de tomar la decisión. En contraste, si las comisiones son dominadas por un partido que se vuelva hegemónico, es precisamente el mantenimiento del sistema de ternas lo que podrá favorecer una discusión más amplia acerca de los perfiles idóneos para el cargo de ministro de la Suprema Corte.

 

En conclusión, el examen de esta serie de propuestas de quien será el próximo presidente de México amerita cuando menos hacerse las preguntas siguientes: ¿Vale la pena desmantelar todo el esfuerzo de especialización administrativa que ha desarrollado el Consejo de la Judicatura Federal para trasladarlo a la Suprema Corte? ¿Es necesario revisar los procesos de selección de jueces y magistrados en función de casos excepcionales y no explorar la amplificación de los criterios de evaluación en beneficio de todos los justiciables? ¿El cambio de reglas de selección de los ministros de la Suprema Corte contribuye a fortalecer al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo?

Es deseable que tales preguntas formen parte de las discusiones que habrá de emprender la mesa de análisis propuesta en la plataforma de quien encabezará el gobierno federal a partir del próximo 1 de diciembre.

 

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