El dilema de las promesas y las finanzas públicas

 

Juan Manuel Corona

 

Una de las interrogantes más importantes respecto al próximo gobierno es el sesgo con el que se manejarán las finanzas públicas, ya que la prudencia de su manejo es fundamental para mantener la estabilidad y no generar desequilibrios macroeconómicos.

 

En términos generales, el discurso oficial del presidente electo apunta a que se hará un manejo disciplinado de las finanzas públicas y que se tomarán medidas para combatir la corrupción, pero, por otro lado, las promesas de campaña y los proyectos que pretende emprender dejan dudas acerca de una instrumentación prudente y responsable de la política fiscal, debido a que los recursos financieros públicos son limitados.

 

Por el lado del gasto, se sostiene que habrá austeridad y que se instrumentarán diversas medidas para propiciar el ahorro: “…se propone llevar a cabo 20 medidas para el ahorro y uso racional de los recursos, así como una reasignación del gasto. Estos conjuntos de medidas ascenderían, tras hacer un pronóstico de precios, a un monto de 412,716 mdp de 20191.

 

Una de esas propuestas es la de reducir el tamaño de la administración pública, es decir, recortar burócratas, y que según lo anunció, se darían de baja el 70% de las plazas de confianza, y si se considera que los datos de la Secretaría de la Función Pública señalan que existen 278,293 personas que trabajan como empleados de confianza, entonces el recorte ascendería a 194,805 burócratas.

 

Aunado a lo anterior, se harán recortes salariales a los de ingresos más altos en el gobierno federal, y se pretende recortar también sueldos en las cámaras de diputados y senadores, controlar y centralizar las compras del Gobierno, y diversas medidas que en su conjunto pretenden ahorrar la ya citada cifra de 412 mil 716 millones de pesos, que no es poca cosa, son equivalentes al 73% de lo que se gastará este año en salud (564,936 mdp), al 61% de lo que se gastará en educación (676,624 mdp) o más de dos veces lo destinado a vivienda (212,156 mdp).

 

Ahora bien, otro de los pilares financieros del modelo de finanzas públicas del presidente electo es el siguiente: “Existen datos suficientes y contundentes para sostener que erradicar la corrupción en el gobierno nos permitirá ahorrar hasta 10 por ciento del Presupuesto Público, es decir, 500 mil millones de pesos2 Sin embargo, ese dinero ahora no existe, no se recortaría de alguna partida presupuestal, ni nada por el estilo, es una estimación, cuya metodología de cálculo no se conoce, acerca de un potencial ahorro que se tendría al erradicar la corrupción. Al ser tan diversas las maneras en que se presenta la corrupción, no queda claro cómo se podrían institucionalizar esos ahorros para que efectivamente sean destinados al financiamiento de los proyectos o programas sociales.

 

Este es un problema toral, ya que junto con los ahorros que se pretenden hacer por la austeridad gubernamental, y que además son cálculos muy optimistas, se fundamentaría gran parte del financiamiento del gasto público, que al sumar los dos conceptos ascienden a poco más de 900 mil millones de pesos, una cifra de gran magnitud ya que es equivalente al 100% del gasto que se efectuará este año en protección social o al 17% del presupuesto total aprobado para 2018, ni más ni menos.

 

Con todo esto sigue siendo complicado financiar las promesas y proyectos anunciados. Por ejemplo, se anunció recientemente la “atención urgente” de 7 proyectos de infraestructura, todos ellos de gran envergadura, y para los cuales se destinarían 500 mil millones de pesos: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, 300 caminos rurales de concreto con uso intensivo de mano de obra, Internet para todo el país, reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos y apoyo a pobladores de colonias marginadas de ciudades en todo el país.

 

Además, se planea construir dos refinerías nuevas por un costo estimado de entre 6 mil y 8 mil millones de dólares (260 mil millones de pesos) y reconfigurar otras seis por un monto de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos. No sólo eso, se tiene planeado la construcción de 100 universidades en los siguientes seis años, lo cual sería una meta demasiado ambiciosa para un país como México. Por ejemplo, entre los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff (14 años) se construyeron 14 universidades, en Argentina, entre 1999 y 2016 se edificaron 20. Es decir, es una cifra difícil de alcanzar y mucho más complicada de financiar.

 

En materia de programas sociales, destacan dos: 1) duplicar la pensión a adultos mayores y a discapacitados, lo que implicaría un gasto cercano a los 226 millones de pesos; y 2) apoyar con 3,600 pesos a cerca de 2 millones 300 mil jóvenes que no trabajan ni estudian, lo que generaría un gasto de 99 mil millones de pesos. Sumados, estos dos programas significan una derrama de 325 mil millones. Es decir, absorberían el 65% de lo que planea ahorrarse en el combate a la corrupción o el 80% de lo que piensa ahorrarse con la austeridad gubernamental.

 

Otra medida que ha planteado López Obrador y que generaría un enorme costo económico y social, es la de descentralizar la administración pública. Aún no existe un cálculo de cuanto costaría mover a todas las dependencias al interior del país, pero, su costo sería muy alto para las finanzas públicas y para las personas que laboran en el sector público y sus familias.

 

Ahora, es importante considerar el otro lado de la ecuación: los ingresos públicos son limitados y no tienen capacidad de incrementarse sustancialmente en el mediano y largo plazos, lo cual se convierte en un candado importante para el financiamiento de gasto público y de las promesas de campaña.

 

“La propuesta fiscal del Proyecto de Nación establece como su primera prioridad el coadyuvar a la estabilidad macroeconómica, a través de unas finanzas públicas en equilibrio, sin aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos impuestos, ya que la mayor parte del ajuste fiscal va a provenir de la nueva política en materia del gasto público”3.

 

De entrada, disminuir el IVA en la frontera de 16% a 8% y descender el ISR al 20%, indudablemente se traducirá en una menor recaudación. También la reducción de los salarios en la APF significará una caída en la recaudación.

 

Además, indexar el incremento de la gasolina a la inflación representa un equilibrio muy delicado en la recaudación del IEPS, ya que, si el aumento de la inflación es menor al que registren los precios internacionales del petróleo, y por lo tanto el de las gasolinas, el gobierno tendrá que tomar la decisión de ajustar a la baja el IEPS para seguir subsidiando al precio final de la gasolina con el consecuente impacto de una menor recaudación, o incrementar el precio de la gasolina conforme las condiciones del mercado internacional y mantener la tasa de IEPS que implicaría una mayor recaudación y mayores recursos, pero con el consecuente impacto negativo en la inflación y en el ingreso de las personas. Las respuestas a estas interrogantes se conocerán dentro de poco.

 

Además, sí no aumentará impuestos ni creará nuevos para aumentar los ingresos públicos, y tampoco contratará deuda, entonces la pregunta es ¿cómo pretende financiar lo prometido si además busca el equilibrio fiscal? Las respuestas pueden ser varias pero, o no va cumplir todo lo prometido, que eso sería lo más prudente en aras de mantener en niveles manejables el equilibrio fiscal, o si insiste en darle cabida a todas sus promesas tendría que buscar recursos adicionales que podrían obtenerse a través del endeudamiento profundizando el desequilibrio fiscal, o del castigo a la base de contribuyentes a través de aumentos impositivos, o bien acentuar más el recorte a la administración pública con el impacto en los niveles de desempleo y en el desempeño del gobierno.

 

La historia económica de México nos ha enseñado a la mala lo que sucede cuando se utiliza de manera irresponsable la política fiscal: las famosas crisis económicas sexenales que tuvieron costos económicos y sociales altísimos y que llevaron a la pobreza a millones de mexicanos. El cambio de administración que está por venir será terso y sin sobresaltos, ya que el desequilibrio fiscal actual está en niveles manejables, no hay vencimientos inmediatos de deuda, y los compromisos adquiridos son de largo plazo. Sin embargo, sí existen focos rojos que deberán de atenderse por la siguiente administración, siendo el más importante el de detener el endeudamiento público que se ubica en niveles históricos.

 

Por ello, es fundamental el manejo responsable de las finanzas públicas por parte del próximo gobierno. Empecinarse en disparar el gasto público o aumentar el endeudamiento para cumplir promesas de campaña, puede tener muy graves consecuencias, y regresarnos a un pasado doloroso del cual costó mucho tiempo y mucho esfuerzo salir.

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(1) Proyecto de Nación 2018-2024, p. 146
(2)  Ibíd., p. 35
(3)  Ibíd., p. 149

 

 

 

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