Sobre la autonomía de la Fiscalía General de la República: Análisis y Prospectiva

 

Arturo Peláez

 

El mejoramiento de la procuración de justicia en México es un tema de primera importancia para la sociedad y sobre este asunto el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado una posición ambivalente sobre todo en lo que respecta a la autonomía de la institución encargada de esa labor.

 

Debido a una serie de reformas constitucionales establecidas desde el año 2014, la actual Procuraduría General de la República será sustituida por una Fiscalía General de la República, que será un órgano autónomo. Sin embargo, desde la aprobación de aquellas reformas, persiste una serie de cuestiones que podrían afectar la autonomía de ese nuevo ente público. Tales cuestiones se refieren a la creación de la ley orgánica que regirá el funcionamiento interno de la fiscalía, y al método de selección del Fiscal General de la República.

 

Desde que fueron aprobadas las reformas constitucionales de 2014, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, a través de los colectivos #FiscalíaQueSísirva y #VamosPorMás han manifestado que para lograr una verdadera transformación en la procuración de justicia, primero se debe transformar toda la organización de la nueva Fiscalía a través de una ley orgánica que tome en cuenta las propuestas de la ciudadanía, y en segundo lugar, modificar las actuales reglas de selección del nuevo titular para incorporar al procedimiento la participación activa de la sociedad civil.

 

Según la normatividad vigente, el Fiscal General de la República será seleccionado a través de una primera lista de diez candidatos propuestos por el Senado al Ejecutivo federal; a partir de dicha lista, el Ejecutivo seleccionará una terna y de ésta, el Senado podrá elegir al fiscal. Este es el procedimiento que prevé adoptar Andrés Manuel López Obrador y de hecho, ya ha hecho pública la nominación de Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves y Juan Luis González Alcántara Carrancá, todos los cuales son cercanos al líder de la coalición Juntos haremos historia.

 

La propuesta de la sociedad civil expresada de manera pública1 consiste fundamentalmente en los siguientes puntos:

 

  • Reformar el artículo 102 de la Constitución para que el nuevo Fiscal sólo dure en el cargo 6 años y no 9, como está previsto actualmente; asimismo solicitan que se extirpe la posibilidad de que el Fiscal pueda ser removido por el Presidente, y por último que se modifique el método de selección del nuevo Fiscal para que se incluya a un grupo de notables de la sociedad civil a fin de que elabore la lista de diez candidatos al cargo para que el Senado la analice y de ella, seleccione a 6 candidatos que enviaría al Ejecutivo para que éste seleccione una terna, a partir de la cual el Senado nombraría al Fiscal.
  • Concluir el trámite legislativo para eliminar el “pase automático” de procurador general de la República a Fiscal, pues a pesar de que ya aprobó ese cambio en la Constitución en diciembre de 2017, todavía no ha sido ratificado por la mayoría de los congresos locales.
  • Garantizar que la creación de la ley orgánica de la Fiscalía tome en cuenta las propuestas de la ciudadanía para transformar radicalmente el diseño de gestión y operación de la procuración federal de la justicia.

 

Sin embargo, tanto Andrés Manuel López Obrador, como sus más cercanos colaboradores han mostrado su reticencia a cambiar las reglas de selección de quien será el Fiscal General de la República y, aunque reconocen la importancia de transformar la operación interna de la Fiscalía, los detalles de funcionamiento la nueva Fiscalía apuntan más bien a hacer más estrecha la dependencia operativa entre el Fiscal y el Presidente. Concretamente, en el Plan de Nación 2018-2024 se propone la creación de un Bloque Nacional de Seguridad que dependa del Presidente de la República y se prevé que “el Fiscal General comisione de manera temporal al subprocurador encargado  de los temas relacionados con la delincuencia organizada, para que rinda cuentas y tome las acciones que el Presidente de la Republica le ordene”2.

 

En lo que sí ha habido coincidencias entre el equipo de Andrés Manuel López Obrador y los colectivos de #PorUnaFiscalíaQueSíSirva es en poner en marcha una mesa de diálogo para analizar conjuntamente la transformación del actual modelo de procuración de justicia, tal como estipularon tras una reunión que celebraron el pasado 11 de julio.

 

El escenario que se avizora con la futura conformación de un Congreso dominado por Morena es que el primer Fiscal General de la República surgirá de la terna ya anunciada por Andrés Manuel López Obrador y que la formulación definitiva del proyecto de ley orgánica de la Fiscalía contendrá algunas de las propuestas de la sociedad civil, como dotar de autonomía técnica al área encargada de realizar los servicios periciales, pero probablemente se mantendrá la posibilidad de conservar la facultad del presidente para remover al Fiscal y de intervenir directamente en la nominación de ese cargo, sobre todo cuando los candidatos surjan de una lista creada por una Cámara Alta dominada por los partidos que integran la colación Juntos Haremos Historia.

 

Mientras tanto, lo que a cualquier ciudadano le interesa es que la procuración de justicia esté a cargo de una institución verdaderamente autónoma y eficiente. La autonomía que se requiere en la procuración de justicia significa que todas las investigaciones se realicen de manera profesional, imparcial y oportuna, sin ninguna clase de sesgo político, tanto en el ámbito federal, como en cada una de las procuradurías locales.

 

Por ello, es indispensable establecer un abanico de medidas que ya han sido objeto de una amplia consulta en los sectores público, social y académico 3 y que incluyen, entre otras, la homologación de todos los tipos penales en el país a través de un Código Penal Único; el establecimiento del servicio civil de carrera para el personal ministerial y de servicios periciales; la creación de unidades de investigación criminal de manera que los agentes del Ministerio Público se conviertan en verdaderos investigadores y en expertos litigantes, capaces de sostener casos sólidos ante los tribunales; la simplificación administrativa de los trámites ministeriales; y desde luego, el fortalecimiento de los órganos de vigilancia e inspección internas.

 

Frente a este contexto, vale la pena preguntarse si las fuerzas políticas representadas en el actual Congreso estarán dispuestas a aprovechar la ventana de oportunidad que aún tienen para fortalecer la autonomía de la Fiscalía mediante la serie de cambios legislativos que está impulsando la sociedad civil y que el país necesita.

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(1) #FiscalíaQueSirva. “Para acabar con la corrupción, primero la fiscalía, luego el fiscal”. Comunicado de prensa del 6 de julio de 2018. Disponible en:https://serapaz.org.mx/wp content/uploads/2018/07/Comunicado-primero-Fiscalia-2-FQS.pdf

(2) Proyecto de Nación 2018-2024, p. 78. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

(3) Centro de Investigación y Docencia Económicas / Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM /Instituto Nacional de Ciencias Penales, Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia. Informe General 2017. Disponible en: http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2018/01/informe-1.pdf

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