Creación de un Tribunal Constitucional: Elementos para la discusión de esa propuesta

 

Arturo Pelaez

 

Tras un proceso iniciado con las reformas constitucionales de 1994, el Poder Judicial de la Federación ha crecido en tamaño e influencia sobre los destinos del país, especialmente a partir del fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última instancia para vigilar la legalidad de las acciones públicas y la constitucionalidad de las leyes federales y locales. Sin embargo, el presidente electo de México propuso desde su campaña la creación de un Tribunal Constitucional, el cual sería diferente de la Suprema Corte y ubicado en una posición de competencia por encima de ésta para resolver la constitucionalidad de actos de cualquier autoridad, leyes federales y locales, e incluso, para revertir decisiones de la Suprema Corte de Justicia. La creación de un Tribunal Constitucional representaría, por lo tanto, la erección de un cuarto Poder, distinto del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.

 

La propuesta de establecer un Tribunal Constitucional implicaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siga existiendo, pero solamente se dedicaría a resolver si un determinado acto se ajusta o no a la ley (es decir, el control de legalidad), pero perdería su actual capacidad para discernir si la norma en cuanto tal está apegada o no, al contenido de la Constitución.

 

No se trata de una distinción menor, pues actualmente la Corte funciona como última instancia de legalidad, pero también funciona como última instancia de constitucionalidad y en el ejercicio de esta última función es donde radica la importancia e influencia de esa institución sobre asuntos de gran trascendencia para el país, porque esa clase de decisiones tiene efectos generales sobre toda la nación; mientras que los casos de revisión de legalidad pueden tener alguna importancia, porque se trata de algún caso concreto, pero que sólo tiene efectos precisamente para ese caso en particular.

 

Para ilustrar lo anterior, tómese como ejemplo la polémica decisión de la Primera Sala de la Corte cuando el 23 de enero de 2013 se pronunció acerca de la legalidad en el proceso de detención de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien estaba acusada de secuestro y ya había sido condenada a 60 años de prisión. A pesar de todas las pruebas exhibidas en su contra, incluyendo el testimonio de las víctimas, el proyecto de resolución redactado por la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero determinó que la acusada fue objeto de una serie de violaciones al debido proceso y que se pervirtió todo el proceso judicial en su contra; en consecuencia, los integrantes de la Sala decretaron la libertad de la acusada, a pesar de que no entraron a discutir sobre su inocencia o culpabilidad. Esa decisión, sin embargo, sólo benefició Florence Cassez y no a los demás miembros de la banda de secuestradores que fueron aprehendidos junto con ella. En ese caso, la Corte resolvió que la detención de esa mujer había sido ilegal, y dejó intacto el contenido de la norma correspondiente, en ese caso, el Código de Procedimientos Penales.

 

En cambio, cuando lo que se encuentra en disputa es saber si determinada ley o algún contenido de ella es coherente con la Constitución, entonces la Corte funciona como un Tribunal Constitucional y puede ordenar al Poder Legislativo federal o local que corresponda, la modificación o supresión del contenido que se ha juzgado como inconstitucional o bien, establecer que determinada disposición siga vigente porque se ha concluido que sí es conforme a la Constitución. Ejemplo de ello fue la resolución del 16 de enero de 2014, cuando la Corte determinó que es constitucional el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones según los cuales las autoridades de procuración de justicia pueden solicitar a las empresas de telefonía celular la geolocalización de un teléfono sin requerir orden judicial cuando se trate de casos de extrema urgencia como los relacionados con delitos graves, corra peligro la integridad física de una persona y siempre que la petición se haga por escrito. Gracias a esa clase de resoluciones de constitucionalidad se generan efectos no solo sobre una sola persona o caso particular, sino que tiene efectos generales.

 

En otros países como Alemania, Francia, España Colombia, Perú y Bolivia existe un Tribunal Constitucional con diversos matices y adaptaciones a la realidad local, pero todas ellas relacionadas con el control de constitucionalidad de tratados internacionales firmados por el Estado parte, la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y naturalmente la interpretación de los contenidos constitucionales. Hasta el momento todas esas funciones las ha desarrollado en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la creación de un Tribunal Constitucional, aquella quedaría subordinada a una instancia superior cuya integración, perfil de sus integrantes, y agenda de prioridades podría quedar determinada por los detalles de la reforma constitucional que sería necesario implementar en nuestra sistema jurídico, y que claramente sería impulsada y aprobada por la alianza de partidos encabezada por Morena que ha ganado la mayoría en el Congreso federal y en 20 legislaturas locales.

 

En consecuencia, la propuesta del entonces candidato presidencial de Morena y actual presidente electo de México podría significar una alteración mayúscula en el actual equilibrio de Poderes en beneficio de una agenda de intereses sesgada por los intereses y prioridades ideológicas de una fuerza política predominante.

 

Ante tal escenario vale la pena hacerse las siguientes preguntas útiles para orientar la discusión pública acerca de la eventual implementación de un Tribunal Constitucional: ¿A quién beneficia la pérdida de influencia nacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de la constitucionalidad en México? ¿Qué contrapesos se incorporarían a un Tribunal Constitucional que podría anular cualquier sentencia judicial, cualquier acto de autoridad o cualquier disposición ley? ¿Cómo se podría asegurar que los miembros del Tribunal Constitucional no se encuentren a su vez ligados por lazos de lealtad al presidente de la República cuyo partido político los haya colocado en el puesto? Y sobre todo, ¿qué otras alternativas de mejora organizacional dentro de la Corte podrían fortalecer la defensa de los preceptos constitucionales sin necesidad de crear una nueva institución cuyas facultades podrían trastocar el equilibrio de Poderes en nuestro país?

 

 

 

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