Justicia Penal en México

Desde 2008, año en que se promulgó la reforma penal, se invirtieron más de 21 mil millones de pesos, se adaptaron o crearon 352 ordenamientos locales y 21 leyes federales o nacionales, se brindaron -y pagaron- miles, quizá millones de horas de capacitación para los operadores del sistema, se edificaron 38 centros de justicia federal, se levantaron 930 salas de juicio oral y un largo catálogo de esfuerzos orientados a un fin que por absurdo que parezca, no se estaba cumpliendo: que se haga justicia al justiciable, sea víctima o acusado, en absoluta igualdad de circunstancias frente a un juez imparcial.
La implementación de esta reforma ha representado un esfuerzo descomunal para el Estado Mexicano, pero la parte más delicada, que es la fase de los resultados tangibles, apenas está por venir porque se debe atender a los siguientes desafíos:
  • Durante la próxima década seguirán conviviendo ambos modelos de justicia penal con el consiguiente riesgo de que las prácticas y valores asociados al modelo anterior contaminen los primeros pasos del modelo acusatorio.
  • El nuevo sistema penal debe enfrentar la actual tensión entre la defensa de los derechos humanos y el combate a la impunidad porque ahora los jueces han fortalecido su visión garantista para proteger los derechos de los acusados y si el Ministerio Público no mejora radicalmente sus procedimientos, entonces será inmensamente mayor el número de casos perdidos no porque el acusado haya sido declarado inocente, sino porque se violaron sus garantías procesales.
  • La atención a víctimas será un grave desafío para el nuevo sistema penal pues hay una demanda potencial de más de 23 millones de víctimas al año, cada una de las cuales deberá contar con un asesor jurídico, quien la acompañará y orientará desde la denuncia y durante cada una de las etapas del proceso penal.
  • Cambiar la mentalidad de los operadores es uno de los retos permanentes del nuevo sistema penal mexicano. Hay una multitud de vicios arraigados, prácticas añejas y criterios de decisión que durante décadas entorpecieron la adecuada procuración e impartición de justicia.