Tres propuestas para fortalecer a las corporaciones policiales y mejorar las condiciones de seguridad

El pasado 24 de octubre de 2018 se presentaron las conclusiones de los Foros de Consulta por la Pacificación y la Reconciliación Nacional convocados por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador. En el documento entregado al próximo mandatario parece haber consenso de que “el modelo económico neoliberal es la causa de la violencia y la inseguridad”. A partir de los testimonios recabados y las propuestas recuperadas, el equipo de transición asumió los siguientes compromisos: a) los cuerpos de seguridad respetarán los derechos humanos, b) el gobierno federal escuchará a las víctimas, c) se liberará a los presos políticos, y d) se analizará con soberanía la política de combate a las drogas.

Considerando que no se mencionó prácticamente nada sobre fortalecimiento institucional, particularmente de las corporaciones policiales, es pertinente plantear tres propuestas concretas que podrían ser consideradas por la nueva administración federal. En primer lugar, habría que reforzar los controles de confianza como mecanismo de evaluación de la integridad de las corporaciones policiales (federal, estatales y municipales). Esto implicaría emplear como filtro la prueba poligráfica, acreditarla debe ser un requisito para continuar con el proceso de evaluación. También se debería mejorar la calidad y profundidad de los estudios socioeconómicos de los policías y aspirantes a ingresar a la corporación. Esto es importante porque hace cuatro años entró en vigencia el “Esquema de Evaluación Focalizada por Contexto y Análisis de Riesgos” que sustituyó al “Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza” implementado desde 2008.  Este nuevo esquema contempló la aplicación de las mismas pruebas (médicas, toxicológicas, psicológicas, socioeconómicas y poligráficas) pero de manera más laxa y discrecional. Se le ha restado peso al resultado del polígrafo y ahora se pondera esta información con el contenido del expediente sobre desempeño del elemento policial. De esta manera, la decisión final sobre la permanencia del policía depende fundamentalmente del criterio de sus superiores.

En segundo lugar, es pertinente garantizar que haya mecanismos internos y externos de supervisión de la labor policial. Para ello habría que verificar que todas las corporaciones locales cuenten con Unidad de Asuntos Internos. También sería necesario elaborar protocolos claros sobre el proceso que pueden iniciar los propios policías para denunciar actos de corrupción, amenazas, tratos indignos o violaciones a sus derechos. De manera complementaria, se podría promover la creación de observatorios ciudadanos, auditorías sociales o cualquier otro mecanismo que contemple la participación ciudadana para monitorear la óptima implementación del sistema de desarrollo policial. A nivel nacional, casi el 30% de los elementos policiales ha presenciado algún acto de humillación en su entorno laboral, el 28% han atestiguado o sido víctimas de actos discriminatorios. El 39% de los elementos policiales considera que en su corporación hay corrupción. El 36% estima que la corrupción se presenta fundamentalmente entre los altos mandos policiales y el 21.5% entre los mandos medios. 9 de cada 10 policías se sienten vulnerables ante las condiciones de inseguridad que predominan en su entidad.

Por último, pero no menos importante, es urgente avanzar en la construcción de un sistema nacional policial. Ello implica estandarizar los procesos de formación policial en todo el país. Se puede hacer en academias regionales administradas por la instancia federal encargada de la seguridad pública, así como homologar sueldos y prestaciones sociales de los policías. Se puede crear un Instituto de Seguridad Social Policial muy similar al de las Fuerzas Armadas. También se deberían otorgar becas educativas a todos los hijos de los policías que acrediten sus controles de confianza, se capaciten regularmente y se apeguen al régimen disciplinario correspondiente. De esta manera, se podría establecer un servicio profesional de carrera policial nacional que permita la rotación de los elementos en distintas entidades federativas, así como mecanismos claros de ascensos y promociones.

Esta propuesta no implica construir una policía nacional, sino fortalecer a las policías locales a partir de criterios federales en materia policial. No implica tampoco un mando único, ni nacional ni estatal. No implica un proceso de centralización ni atenta contra el federalismo, se trata simplemente de seguir y apegarse, en pleno ejercicio de la soberanía, a un modelo policial de alcance nacional.

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