Atender las causas estructurales de la inseguridad

 

Arturo Peláez Gálvez

 

Nadie duda que la inseguridad es un problema serio, complejo y extraordinariamente desafiante para México, y para la administración federal que iniciará el próximo 1º de diciembre el reto es mayúsculo porque la agenda de seguridad ocupa un lugar primordial entre las preocupaciones de la ciudadanía. 

Frente a este problema, el presidente electo ha señalado de manera reiterada que es necesario enfrentar las causas estructurales de la violencia y de la inseguridad, aludiendo al rezago social, la marginación económica y la ausencia de oportunidades de quienes delinquen, y si se resuelve lo anterior, el problema estará resuelto desde la raíz. 

Sin embargo, esta premisa no toma en cuenta que además de los factores de riesgo asociados a la pobreza y falta de oportunidades, la seguridad es una responsabilidad del Estado en su conjunto y que tiene a su disposición una serie de medios institucionales para disuadir, inhibir y sancionar el delito. El problema es que actualmente persisten carencias y debilidades por parte de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, y todas ellas también forman parte de las causas estructurales de la inseguridad. 

Basten los siguientes datos para fundamentar esta afirmación. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Percepción de la Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE 2018) el año pasado se cometieron en el país 25.4 millones de delitos. No estamos hablando de los delitos que se evitarán en el futuro mediante el combate a la miseria, sino de daños ya ocurridos a la sociedad y que se siguen cometiendo con escasas probabilidades de ser sancionados, pues de cada 100 delitos ocurridos, 93 de ellos no fueron objeto del inicio de alguna investigación o ni siquiera fueron denunciados. 

Más aún, si se revisan algunos indicadores sobre la capacidad de respuesta de las autoridades policiales, ministeriales y de impartición de justicia podemos observar un panorama sombrío.  

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2017 se iniciaron 1 millón 878 mil 409 investigaciones por diversos delitos, de las cuales el 97% corresponde a delitos del fuero común, es decir, cuya prevención, investigación y sanción recae sobre las autoridades locales.  

¿Y cuáles son las capacidades actuales de las instituciones estatales para cumplir con esas funciones? Los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, que realiza el INEGI y publicados hace unos días, muestran que al cierre del año 2017 había un estado de fuerza policial en los estados de 217 mil 287 elementos; las procuradurías o fiscalías contaban con 95 mil 525 servidores públicos, de los cuales una décima parte de ellos son agentes del Ministerio Público o Fiscales, y tienen a su disposición el auxilio de 1,088 médicos forenses y 5 mil 933 peritos. ¿Estas cifras son suficientes para atender la magnitud del fenómeno delincuencial en el país? Desde luego que no.  

Para poner en perspectiva estas cifras considérese que cada agente del Ministerio Público tiene que dirigir un promedio de 171 investigaciones anualmente y cada perito debe procesar y analizar evidencias correspondientes a 298 indagatorias al año. Se trata de una carga de trabajo abrumadora que hace explicable que de cada 10 investigaciones iniciadas, solamente en 2 de ellas se logra identificar al presunto responsable y solamente en 64% de los casos iniciados se logra determinar que sí hubo elementos para presentar el caso ante un juzgado penal.  

Una vez que el caso logra entrar al ámbito de la impartición de justicia, los datos resultan igualmente decepcionantes, porque según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018 del INEGI, en los juzgados penales estatales ingresan al año 137 mil 521 causas penales, y en ese mismo lapso se dictan 25 mil 503 sentencias condenatorias, y dicha cifra representan apenas el 0.1% de los delitos cometidos en un año. Estamos, pues, ante un problema estructural.  

También forman parte de este problema estructural el hecho de que no existen aún las condiciones para garantizar la probidad y profesionalismo de los servidores públicos involucrados en la prevención e investigación de los delitos. Durante 2017, tres de cada diez policías que debieron presentarse a evaluaciones de control de confianza y dos de cada diez servidores públicos de las procuradurías sencillamente no se presentaron a los exámenes correspondientes. Y entre quienes sí fueron evaluados, 17% de los policías estatales y 12% del personal de las procuradurías locales reprobaron los exámenes de control de confianza.  

Como se observa, la solución al problema de la inseguridad pasa necesariamente por el fortalecimiento de las capacidades institucionales para hacerle frente y hasta el momento, estos temas no han formado parte de las prioridades legislativas, ni programáticas del equipo de transición. A pesar de ello, urge revisar puntualmente las condiciones de desempeño de los cuerpos policiales, las capacidades de las procuradurías y la eficacia del sistema de impartición de justicia penal porque los datos confirman que persisten debilidades estructurales que es necesario remediar de inmediato. 

Una serie de medidas apropiadas para ese propósito tendría que incluir la homologación explícita de condiciones de ingreso, permanencia, ascenso, retiro y remoción de los cuerpos de policía, ministeriales y de impartición de justicia a nivel nacional, así como el rediseño de las funciones administrativas y de gestión cotidiana para evitar los huecos procesales que están detrás de los inaceptables niveles de impunidad que padecen las víctimas de los delitos en el país.  

 Emprender esta tarea requiere un compromiso ético y político para valorar en su justa dimensión los esfuerzos realizados en el pasado para mejorar sustantivamente la arquitectura institucional relacionada con la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, y asumir ese camino como parte de un esfuerzo del Estado mexicano para cumplir su más elemental función de garantizar la preservación de libertades y derechos bajo el eficaz cumplimiento de la ley.  

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