Del entusiasmo a los resultados: balance de un sexenio en materia de Estado de Derecho

 

29 de noviembre de 2018  /  Arturo Peláez Gálvez

 

El próximo 1o de diciembre será inaugurado un nuevo gobierno, electo democráticamente y responsable a partir de ese momento, de conducir desde la órbita federal las políticas destinadas a hacer valer el Estado de Derecho en el país. Con legítimo entusiasmo, quienes encabezarán esa tarea ya han manifestado como prioridad la pacificación del país y han esbozado diversas medidas para conseguirlo.

 

Sin necesidad de entrar en el análisis de esas propuestas, la inminente transmisión del Poder Ejecutivo dentro de unas horas obliga a reflexionar sobre las posibles lecciones que deja la experiencia del gobierno saliente para atender la problemática de seguridad que enfrenta el país.

 

Durante seis años, las prioridades del gobierno que está por finalizar se orientaron al objetivo genérico de lograr “Un México en Paz”, sin embargo, los resultados obtenidos apuntan a una situación más complicada y desafiante que la observada hace seis años.

 

En el año 2012 se había extendido la percepción equivocada de que las acciones del gobierno habían provocado el incremento de la violencia en el país y a partir de esa idea se construyó, como promesa de campaña, la reducción de la violencia como prioridad de ese nuevo gobierno.

 

No se entendió entonces que la violencia es la manifestación exterior y visible de un problema más fundamental: la debilidad del estado de Derecho. Tampoco se entendió entonces que el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en el país sólo puede ocurrir si: 1) se persiste en la tarea de fortalecer las capacidades operativas del Estado para poner un alto a las acciones criminales; 2) se afinan las disposiciones legales e institucionales para garantizar que los esfuerzos del gobierno sean eficaces para inhibir el crimen y para poner a salvo las libertades y derechos de las personas; y 3) si se establecen políticas integrales que restauren el tejido social, profundamente dañado por el delito en general, y la violencia en particular.

 

En cambio, lo que ocurrió a lo largo de estos seis años fue la aplicación de una serie de medidas que se quedaron a medio camino entre las expectativas y la realidad. A continuación, se presentan algunos rasgos que ejemplifican esa realidad.

 

  • Fue aniquilada la Secretaría de Seguridad Pública federal y en su lugar fue establecida una oficina del Comisionado Nacional de Seguridad con escasas capacidades de planeación y control sobre las políticas federales de seguridad.

 

  • La propuesta de una Gendarmería Nacional como base de un nuevo modelo de intervención policial de proximidad y salvaguarda de corredores económicos estratégicos terminó convertida en una modesta división dentro de la Policía Federal.

 

  • El número de efectivos federales de instituciones que realizan tareas de seguridad y procuración de justicia es prácticamente del mismo tamaño que hace seis años.

 

Estado de fuerza federal

Institución 2012 2018 Variación absoluta Variación %
Secretaría de la Defensa Nacional 209,716 214,157 4,441 2%
Secretaría de Marina 54,466 55,581 1,115 2%
Policía Federal 36,940 37,331 391 2%
Policía Federal Ministerial 5,057 5,239 182 3%
Agentes del Ministerio Público PGR 3,806 4,176 370 9%

Fuente: Con información del Sexto Informe de Gobierno, 2012-2018. Anexo Estadístico.

 

  • La cantidad de armas de fuego aseguradas por las fuerzas federales durante todo el sexenio que termina fue de 51 mil 775 unidades, cifra que representa menos de un tercio que lo asegurado el sexenio anterior (163 mil 420).

 

  • El diálogo y la concertación política entre gobernadores y la autoridad federal habrían de garantizar la coordinación institucional para mejorar la seguridad pública. Y si bien se realizaron 273 reuniones de coordinación durante el sexenio ninguna de éstas produjo resultados recordables en favor de la seguridad y el estado de Derecho.

 

  • Sí se recuerda en cambio, la serie de distorsiones institucionales generadas en torno al Plan Integral para el Desarrollo de Michoacán aplicado en 2014 y que en la práctica trasladó el mando de la seguridad estatal a un representante del Ejecutivo federal y pactó soluciones de legalidad ambigua con grupos de autodefensa de la más diversa reputación.

 

  • Se concluyó formalmente la implementación del sistema acusatorio de justicia penal, pero las condiciones sustantivas de la gestión administrativa y el sistema de incentivos laborales del personal de procuración de justicia sigue intacto.

 

  • Mientras tanto, el descuido sustantivo en el proceso de adaptación a este nuevo sistema podría explicar que actualmente la Procuraduría General de la República se tarda en promedio, 3 años y medio para integrar una averiguación previa; en el año 2012 ese lapso era de 232 días.

 

  • En términos de eficacia de las investigaciones, se ha ido deteriorando la capacidad de la PGR para sostener los casos ante los tribunales, pues en 2013 los impartidores de justicia desecharon el 13% de las consignaciones emitidas por la PGR y, según esta misma institución, en 2018 ese porcentaje llegó a 80%.

 

  • Fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero de poco sirve la homologación del trámite penal en ausencia de un código penal único que defina los mismos delitos y las mismas penas en todo el país.

 

  • Independientemente del ángulo o criterio de medición la violencia homicida llegó a los niveles más altos en toda la historia reciente del país. En el año 2017 se alcanzó una tasa de 20.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y con la información disponible hasta este momento, al cierre de 2018 esa tasa será de 22.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Asimismo, el año que está por terminar cerrará posiblemente con más de 28 mil homicidios, cifra 30% más elevada que la observada durante 2012, y en julio de 2018 se alcanzó la cifra mensual más alta de homicidios dolosos con 2 mil 710 casos, equivalentes a un promedio de 87 asesinatos al día.

 

  • En términos de victimización, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE 2018) permiten estimar que durante el año pasado hubo 25.4 millones de víctimas de delitos, lo que representa 4 millones de víctimas adicionales a las estimadas en 2012. De acuerdo a la misma fuente, durante 2017 ocurrieron 6 millones de delitos adicionales a la cifra correspondiente al año 2012.

 

  • La percepción de inseguridad también se ha agudizado, pues según los datos de la ENVIPE en el año 2013 el 44% de la población se sentía insegura en su localidad; en 2018 ese porcentaje fue de 50%.

 

  • El esfuerzo para el financiamiento conjunto de programas de seguridad pública pasó de 9 mil 500 millones en 2012 a 9 mil millones en 2018, y además de la reducción en el monto asignado, cada año se dejaron de ejercer cerca de 400 millones de pesos y según los últimos datos disponibles, a mediados de 2018 sólo se había ejercido una décima parte de todo el dinero público destinado a ese fin.

 

Y ¿cuáles son las lecciones que deja este breve recuento? Son varias. En primer lugar, que el entusiasmo de una victoria electoral es una realidad aparte de la seriedad con la que se definen las políticas públicas. Segundo, que los cambios en la arquitectura institucional tendrían que ser resultado de un prudente análisis previo y no del afán de construir un discurso de cambio radical. Tercero, que las personas que forman parte de las instituciones de seguridad importan mucho, y que no pueden tomarse acciones repentinas que comprometan su identidad, doctrina institucional y valores. Cuarto, que la colaboración entre gobiernos requiere menos habilidad política que apego a la legalidad y claridad en los incentivos institucionales. Y quinto, que la seguridad y la justicia no son objetivos prescindibles o negociables para algún gobierno o partido, sino una responsabilidad inherente del Estado mexicano en su conjunto.

 

La experiencia de los últimos seis años muestra que el legítimo entusiasmo que puede generar la inauguración de una nueva administración es independiente de la eficacia de las propuestas que se generen para remediar los problemas de inseguridad. Los días y los años por venir permitirán observar el peso de esa experiencia en el quehacer del gobierno que está por comenzar.

 

 

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